La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al Alcalde del municipio tolimense de San Antonio, Jorge Iván Vásquez Martínez; y a su secretario de Gobierno, Enrique Polo Álvarez, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, y falsedad en documento privado.
La imputación igualmente se extendió al contratista, Edward Fernando Hernández Oliveros. Ninguno de los tres aceptó cargos.
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Los hechos que motivaron esta diligencia judicial están relacionados con las presuntas irregularidades detectadas por peritos del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, en la etapa de trámite y celebración del contrato de compraventa 096 de 2020, celebrado entre la Alcaldía Municipal de San Antonio y la empresa Fosther Servicios Integrales de Ingeniería SAS.
El objeto contractual, era el suministro de insumos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial, trajes de bioseguridad, hipoclorito de sodio, guantes entre otros, a fin de mitigar el impacto, propagación y riesgo del Covid-19.
Se pudo establecer a través de certificación del Invima, que los productos como el gel, el hipoclorito de sodio y el jabón de manos líquido eran fraudulentos, ya que no contaban con el registro sanitario, estableciéndose así un posible peculado por $15.421.000.
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Cabe anotar que, el bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid–19 a nivel nacional.
La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.
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