Debido a la jornada electoral del domingo 31 de mayo en Ibagué, se establecieron diversas medidas para garantizar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos. Entre ellas, se implementó la ley seca en todo el perímetro urbano y rural desde el sábado 30 de mayo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 1 de junio a las 12:00 m. Sin embargo, pese a la restricción, múltiples ciudadanos fueron sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez.
Giovanny Posada, director operativo de Movilidad de la ciudad, señaló que durante el fin de semana se fortalecieron los operativos de control en diferentes puntos estratégicos. El propósito de estas acciones fue proteger la vida de los actores viales y garantizar una movilidad segura. Como resultado, se impusieron más de 152 órdenes de comparendo por diferentes infracciones a las normas de tránsito.
Entre las conductas sancionadas destacaron el transporte informal, el abandono de vehículos en la vía pública, la falta de documentación obligatoria vigente y fallas técnico-mecánicas, como la ausencia de espejos reglamentarios.
Sin embargo, la conducta que más alarmó a las autoridades fue el número de personas que manejaban bajo los efectos del alcohol, una imprudencia que pone en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.
“Ocho personas fueron detectadas conduciendo en estado de embriaguez. A ellas se les aplicó el protocolo establecido y sus vehículos fueron inmovilizados en parqueaderos autorizados. Hacemos un llamado a la prudencia, a respetar la prelación y a moderar la velocidad; detrás de cada cifra hay familias que pueden verse afectadas”, indicó el funcionario.
Siniestralidad y un grave caso de intolerancia
En materia de accidentalidad, se registraron 13 siniestros viales que dejaron un saldo de 25 personas lesionadas. Entre los afectados se encuentran dos agentes de tránsito y varios civiles que fueron embestidos por un conductor en máximo estado de alcoholemia.
Camilo Martínez, secretario de Movilidad municipal, reveló que este grave incidente ocurrió mientras las autoridades realizaban labores de control. El conductor de una camioneta particular hizo caso omiso a la orden de pare, arrollando a los uniformados y a tres ciudadanos. En total, cinco personas resultaron heridas y reciben atención en diferentes centros asistenciales.
“Debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el cumplimiento de su deber, los dos agentes de tránsito presentan incapacidades médicas de 10 y 30 días”, detalló Martínez.
Duras sanciones para el responsable
Al conductor implicado se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó grado III de embriaguez, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.
Por esta irresponsabilidad, el implicado afrontará las siguientes sanciones:
- Una multa superior a los $30 millones de pesos.
- La suspensión de su licencia de conducción por 10 años.
- La inmovilización del vehículo por diez días hábiles.
- Procesos judiciales y administrativos adicionales por las lesiones personales ocasionadas.
“No permitiremos que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la vida de quienes cumplen con la labor de proteger a la ciudadanía. Conducir bajo los efectos del alcohol es una conducta inaceptable que tendrá todas las consecuencias establecidas por la ley”, concluyó el secretario de Movilidad.
¿Qué consecuencias legales adicionales podría enfrentar el conductor que arrolló a los agentes de tránsito?
Además de las multas económicas, la inmovilización del vehículo y la suspensión de su licencia por una década, el conductor se enfrenta a un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales culposas (que podría agravarse debido a su estado de alcoholemia Grado III y por haber omitido una orden de la autoridad). También tendrá que responder civilmente por los daños materiales y los perjuicios causados a la salud de las cinco personas heridas.
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