Una compleja situación institucional y jurídica afronta la educación superior en el Tolima. El Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 015896 de 2026, mediante la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial a la Institución Universitaria de El Espinal (Uniespinal). La determinación se adoptó tras identificar presuntas irregularidades de tipo administrativo, financiero y contractual que comprometerían los recursos públicos destinados a la gratuidad educativa de más de 4.000 estudiantes.
Desde la cartera nacional se confirmó que el rector de la institución, Mario Fernando Díaz Pava, se negó a la notificación presencial del acto administrativo, razón por la cual el documento debió ser radicado de manera oficial a través de correo electrónico.
La medida se originó a partir de una visita de auditoría realizada los días 26 y 27 de febrero de 2026 por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. En dicha inspección se evaluó la gestión de la entidad durante su reciente proceso de transformación de instituto técnico (ITFIP) a institución universitaria.
Hallazgos contractuales y deficiencias financieras
El análisis documental de las vigencias 2024, 2025 y 2026 expuso recurrentes fallas en las etapas de planeación y estructuración contractual. De acuerdo con el Ministerio, se evidenciaron deficiencias en estudios previos, inconsistencias presupuestales, falta de soportes y una presunta concentración de enajenaciones en determinados proveedores.
Entre los hallazgos que revisten mayor gravedad se encuentran múltiples contratos adjudicados en los últimos días de 2025, cuyos plazos iniciales de ejecución fueron establecidos por un solo día, a pesar de la alta complejidad técnica de sus objetos. Asimismo, se reportaron debilidades en la publicación de información en la plataforma SECOP II y fallas en el control financiero institucional.
Como consecuencia, el Ministerio ordenó el nombramiento de un "Inspector in situ", quien ejercerá funciones de supervisión permanente sobre la administración de la universidad. De igual manera, los hallazgos fueron trasladados a los entes de control correspondientes.
Rectoría alega persecución y tráfico de influencias
Por su parte, el rector Mario Fernando Díaz Pava rechazó los señalamientos y, a través de una declaración pública, denunció penalmente al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, argumentando que la intervención obedece a un presunto caso de desviación de poder y persecución ideológica.
“Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, desde hace varios meses estoy siendo perseguido políticamente. ¿Y saben cuál es la razón? Porque como rector no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución educativa universitaria”, manifestó Díaz Pava.
El funcionario aseguró haber puesto en conocimiento de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia una serie de evidencias, entre ellas mensajes de texto y grabaciones, que demostrarían que desde el Ministerio se presionó el nombramiento del ciudadano Wilson Callejas Gómez. Según Díaz Pava, la medida busca forzar un cambio en la dirección de la universidad por discrepancias políticas: “En las universidades públicas no estamos obligados a pensar cómo piensa el Gobierno; me tilda sin pruebas de ser de derecha”.
El inicio de la vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación busca salvaguardar los fondos públicos y la calidad del servicio, pero el proceso queda condicionado por la gravedad de las denuncias penales instauradas por el rector. La resolución de este conflicto dependerá de la celeridad con la que la Fiscalía y la Procuraduría evalúen las pruebas de presunto tráfico de influencias, un escenario técnico que definirá el rumbo administrativo de la principal institución de educación superior del sur del Tolima.
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