La minería ilegal volvió a sacudir la agenda de seguridad en el Tolima y puso al municipio de Ataco en el centro del debate nacional. Durante la reciente visita del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, autoridades confirmaron cifras que encendieron las alarmas: más de 5.000 personas y cerca de 600 máquinas estarían operando en los ríos del sur del departamento, una situación que ya genera impactos ambientales, sociales y de orden público que preocupan tanto al Gobierno Nacional como a la Gobernación.
El tema se convirtió en uno de los ejes más fuertes del consejo de seguridad realizado en Ibagué, donde la gobernadora Adriana Magali Matiz insistió en que la minería ilegal no solo está depredando los recursos naturales, sino que también estaría alimentando economías criminales y generando nuevas dinámicas de violencia en zonas rurales. Para las autoridades, el crecimiento acelerado de esta actividad evidencia una transformación del territorio, marcada por la llegada de personas provenientes de diferentes regiones del país en busca del metal.
Durante su intervención, el ministro Sánchez lanzó una advertencia que dejó eco en la región: no se entiende cómo maquinaria amarilla de gran tamaño logró ingresar hasta áreas apartadas del sur del Tolima sin mayores controles. Según explicó, la magnitud del fenómeno demuestra que el problema no se combate únicamente con operativos militares, sino que requiere una respuesta integral del Estado que incluya intervención social, económica y tecnológica.
Como respuesta a este panorama, el Gobierno Nacional anunció que el próximo 16 de febrero se lanzará en el Tolima el Plan Piloto Nacional Sectorial contra la minería ilegal, una estrategia inédita que busca atacar la cadena completa de esta actividad, desde la exploración y explotación hasta el tráfico y la comercialización del oro. De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el análisis realizado durante cuatro meses por distintas entidades permitió identificar que el punto más rentable del negocio ilegal es la explotación, por lo que allí se concentrarán los mayores esfuerzos.
El plan también contempla la llegada de una unidad especializada de la Policía Nacional, que tendrá como misión coordinar las capacidades institucionales para enfrentar la minería ilegal en el departamento. Esta unidad será la encargada de articular inteligencia, control territorial y acciones judiciales, en lo que se ha denominado un laboratorio nacional que podría replicarse en otras regiones del país si los resultados son positivos.
Para las comunidades del sur del Tolima, la preocupación va más allá de las cifras. Habitantes y líderes sociales advierten que la presencia masiva de maquinaria y trabajadores ha cambiado la dinámica económica y social de la zona, mientras los ríos muestran señales de deterioro ambiental que impactan directamente actividades tradicionales como la agricultura y la pesca. El avance de la minería ilegal no solo transforma el paisaje, también altera la convivencia y genera tensiones entre quienes buscan sustento y quienes temen por el futuro del territorio.
Desde la Gobernación se ha insistido en que la situación requiere acciones urgentes y sostenidas en el tiempo. La mandataria departamental reiteró que la minería ilegal se convirtió en una prioridad dentro de la agenda de seguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional en los municipios más afectados. A su juicio, el fenómeno no puede verse únicamente como un problema ambiental, sino como un reto estructural que mezcla pobreza, economías ilegales y disputas por el control territorial.
El ministro, por su parte, fue enfático en señalar que muchas de las personas que participan en estas actividades trabajan en condiciones precarias e incluso inhumanas, lo que evidencia que el fenómeno va más allá de una simple actividad económica. “Esto no es un método de subsistencia, es un combustible de la violencia”, afirmó, al advertir que el objetivo del plan piloto será reducir la rentabilidad del negocio ilegal y abrir caminos hacia alternativas legales para las comunidades.
Con el anuncio del lanzamiento del plan nacional en territorio tolimense, el Gobierno busca enviar un mensaje claro: el sur del departamento será el punto de partida para una estrategia integral contra la minería ilegal en Colombia. Sin embargo, mientras llegan las acciones concretas, la realidad en Ataco sigue siendo desafiante, con cientos de máquinas trabajando sobre los ríos y miles de personas moviéndose alrededor de un negocio que hoy mantiene en alerta a todo el Tolima.
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