El debate político en el Tolima subió de tono. El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Renzo García, lanzó fuertes declaraciones contra la gobernadora Adriana Matiz, tras los señalamientos que ella hizo al Gobierno Nacional y a la Registraduría en el marco de la consulta popular que se realizó recientemente.
En palabras del congresista, la mandataria departamental no puede hablar de legalidad ni de defensa del territorio mientras —según él— permanece en silencio ante la expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima. “Debería dar ejemplo. Ella preside el Consejo Directivo de Cortolima y no hace absolutamente nada para frenar la minería criminal que está destruyendo el río Saldaña”, afirmó García en tono enfático.
El representante agregó que la situación en Ataco es alarmante, pues “hoy operan cerca de 30 retroexcavadoras sobre las fuentes hídricas del municipio, ante la vista de todas las autoridades y sin que se tomen medidas efectivas”. Según García, esto demuestra un abandono institucional y una preocupante falta de articulación entre Cortolima, la fuerza pública y las entidades ambientales.
“Cinismo total” y silencio frente a la democracia
El pronunciamiento de García se da luego de que la gobernadora Matiz cuestionara la ampliación de los horarios de votación durante la consulta popular. La mandataria sostuvo que la decisión habría favorecido al Gobierno Nacional, insinuando un manejo político de los tiempos electorales.
Ante esto, el congresista del Pacto Histórico respondió con firmeza. “La gobernadora se queja porque se amplió el tiempo para que la gente vote, pero guarda silencio frente a las fallas de la Registraduría, que impidieron la participación del campesinado. Eso sí es grave”, manifestó.
Renzo García recordó que el campesinado es sujeto de especial protección constitucional, y que el Estado tiene el deber de garantizarle el ejercicio pleno de sus derechos democráticos. En ese sentido, defendió la ampliación de los horarios como una medida necesaria para que las comunidades rurales —muchas veces alejadas de los puestos de votación— pudieran participar.
“Aquí el problema no es que haya más tiempo para votar, el problema es que el Estado ha sido incapaz de garantizar la democracia rural. Eso debería preocuparle a la gobernadora”, recalcó el representante.
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La Registraduría no depende del Gobierno Nacional
Otro punto que Renzo García enfatizó fue la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. “La registraduría no la maneja el presidente Gustavo Petro. Es un organismo con autonomía administrativa, presupuestal y contractual”, señaló, respondiendo a las insinuaciones de la mandataria sobre una supuesta injerencia del Gobierno.
Para García, atribuirle al presidente decisiones que no le corresponden demuestra desconocimiento institucional. Por eso, invitó a la gobernadora a informarse mejor antes de hacer pronunciamientos que —en su opinión— pueden desinformar a la ciudadanía.
“Le pediría a la gobernadora que se entere un poquito de cómo funciona la Registraduría del país, porque sus declaraciones generan confusión y desvían la atención de los verdaderos problemas: la minería ilegal, la deforestación y la exclusión del campesinado”, añadió el congresista.
Un debate que apenas comienza
Con este nuevo cruce de declaraciones, el pulso político entre el Pacto Histórico y el gobierno departamental se intensifica. El tema de la consulta popular no solo abrió un debate nacional sobre la logística electoral, sino que en el Tolima también evidenció las tensiones entre el sector progresista y la administración departamental.
Para Renzo García, la posición de Matiz refleja una contradicción: “no se puede hablar de democracia mientras se ignoran los derechos del campesinado y la destrucción ambiental del territorio”. Por ahora, el representante asegura que continuará insistiendo en la necesidad de que Cortolima y la Gobernación actúen con contundencia frente a la minería ilegal.
Mientras tanto, la gobernadora no ha respondido directamente a las afirmaciones del congresista, pero en sus intervenciones recientes ha reiterado que su interés es “defender la transparencia del proceso electoral y el respeto a la institucionalidad”.
El cruce de versiones promete seguir alimentando el debate regional, en un momento en el que el Tolima vuelve a ser escenario de tensión entre el poder político local y los sectores alternativos, con temas de fondo como la minería, la democracia y la protección del territorio sobre la mesa.
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