Un comportamiento atípico en la venta de combustible encendió las alarmas en el sur del Tolima. En municipios como Ataco y Coyaima, donde la actividad económica no incluye grandes industrias, el consumo de gasolina y diésel se habría disparado hasta en un 500%, una cifra que hoy no tiene una explicación clara y que ya está bajo la lupa de las autoridades.
Lo que más inquieta es que este incremento no coincide con el movimiento habitual de la región. Se trata de territorios donde predomina la economía rural y el comercio básico, por lo que no existe una demanda legal que justifique semejante aumento en el consumo. Esta situación ha llevado a las autoridades a plantear una hipótesis que cada vez toma más fuerza: el combustible podría estar siendo utilizado en actividades de minería ilegal, especialmente para el funcionamiento de maquinaria amarilla.
De hecho, este tipo de maquinaria ha sido foco de control en la zona desde hace varios años. Existen restricciones para su circulación en corredores viales del sur del departamento, así como limitaciones para vehículos de carga pesada. Sin embargo, el aumento en el consumo de combustible sugiere que algo se está moviendo por fuera del radar institucional, lo que ha obligado a intensificar las alertas.
Otro dato que llama la atención es que el incremento no ha impactado el precio del combustible en estas zonas. Es decir, la alta demanda no ha generado escasez ni variaciones en los costos, lo que refuerza la sospecha de que el combustible está siendo desviado o utilizado de manera irregular, posiblemente en actividades que no están registradas dentro de la economía formal.
Ante este panorama, las autoridades del Tolima decidieron escalar el tema al nivel nacional. Esta semana se llevará a cabo una reunión en Bogotá con el Ministerio de Minas y Energía, donde se buscará cruzar información, identificar el origen del incremento y establecer controles más estrictos en la distribución del combustible. Llama la atención que, según lo manifestado por las autoridades departamentales, fue el propio Tolima el que alertó al Gobierno Nacional sobre esta situación.
Mientras tanto, en el territorio se mantienen las medidas de control. Las restricciones a la circulación de maquinaria amarilla siguen vigentes, al igual que los operativos para verificar el cumplimiento de las normas en las vías del sur del departamento. Sin embargo, el reto ahora es mayor: establecer con claridad hacia dónde está yendo ese combustible y quién lo está utilizando.
Por ahora, la cifra —que podría incluso superar el 500% en algunos casos— sigue siendo un indicador preocupante. Lo que parecía un simple dato técnico terminó convirtiéndose en una señal de alerta sobre posibles economías ilegales que podrían estar operando en la región, moviendo grandes cantidades de combustible sin dejar rastro claro.
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