Alrededor de 600 familias aseguran llevar más de siete años esperando la devolución de sus recursos tras la fallida construcción de un proyecto de vivienda que nunca se materializó.
Un grupo de afectados por la Constructora PRABYC se concentró este miércoles frente a la Alcaldía de Ibagué para exigir respuestas claras sobre la devolución de los dineros invertidos en un proyecto de apartamentos que, según denuncian, se convirtió en un “elefante blanco” y jamás fue construido.
Los manifestantes aseguran que, pese a los compromisos adquiridos en mesas de trabajo anteriores, no se ha cumplido con el acuerdo que contemplaba la entrega inicial del 40 % del dinero invertido. Además, denuncian presuntas amenazas por parte del interventor designado para el proceso.
“Si protestan, paralizamos la entrega de los dineros”, habría sido el mensaje enviado de manera individual a varios afectados, según relató Néstor Céspedes, uno de los voceros del grupo.
“El señor nos amenaza con mensajes individuales, diciendo que se frenan los pagos si continuamos protestando. Nos incumplieron con el acuerdo donde ellos iban a entregar el 40 % de la inversión”, afirmó Céspedes durante la jornada de protesta.
De acuerdo con los denunciantes, son cerca de 600 familias las que resultaron perjudicadas tras invertir sus ahorros en el proyecto inmobiliario promovido por la Constructora PRABYC. Muchos de ellos aseguran que entregaron el dinero con la ilusión de acceder a vivienda propia, pero hoy, más de siete años después, continúan sin recibir ni los apartamentos ni la devolución total de los recursos.
Los afectados sostienen que durante este tiempo han participado en múltiples reuniones, procesos jurídicos y mesas de concertación, sin que hasta ahora exista una solución definitiva.
“Son los ahorros de toda la vida. Hay personas que vendieron lo poco que tenían para invertir en ese proyecto. Hoy seguimos esperando respuestas claras”, expresó otra de las asistentes a la manifestación.
La protesta tuvo como objetivo principal buscar la intervención directa de la alcaldesa de Ibagué, teniendo en cuenta que desde la Administración Municipal fue designado un interventor para acompañar el proceso.
“Esperamos ser escuchados por la alcaldesa, necesitamos que nos informen lo que sucede con nuestra plata”, insistió Céspedes.
Entre las principales solicitudes de las familias están:
• Cumplimiento del acuerdo de devolución del 40 % inicial.
• Un cronograma formal y público de pagos.
• Garantías para que no se suspendan los desembolsos por participar en manifestaciones.
• Información clara sobre el estado jurídico y financiero del proceso.
Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial por parte del interventor Arnulfo Moreno frente a las denuncias de amenazas. Tampoco se ha emitido una respuesta formal de la Administración Municipal respecto a los señalamientos realizados durante la jornada.
Mientras tanto, las 600 familias aseguran que continuarán adelantando acciones pacíficas hasta obtener una solución definitiva a un caso que, después de siete años, sigue sin resolverse.
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